29 Abr, 2017 | 15:36
Escudo

Aclaran que modificaciones acordadas con el transporte a Ley de Sustancias Controladas fueron incluidas

Prensa Senado
Aclaran que modificaciones acordadas con el transporte a Ley de Sustancias Controladas fueron incluidas
Aclaran que modificaciones acordadas con el transporte a Ley de Sustancias Controladas fueron incluidas

Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente, aclararon el jueves, en conferencia de prensa, que las modificaciones acordadas con el sector del transporte a la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas fueron incluidas.

“Las modificaciones que se acordaron con el sector del autotransporte, que garantiza los bienes del transporte de cuyos propietarios no estén vinculados a actividades del narcotráfico, han sido hechas en Diputados; por tanto, mal podía hacer la Cámara de Senadores otras modificaciones cuando estas ya habían sido consensuadas con los equipos técnicos, con el sector del transporte, con nuestros asesores de la Cámara de Senadores y con los presidentes de ambas Cámaras”, dijo Gonzales.

La autoridad explicó que el artículo 68, en su segundo parágrafo, establece que los bienes sujetos a pérdida de dominio son aquellos que hayan sido utilizados como instrumento en la preparación o ejecución de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, salvando los derechos del titular en caso de desconocimiento de la utilización ilícita del bien.

“Establece claramente que quien no estaba en conocimiento del hecho ilícito que se cometía con su bien, queda absolutamente exento de cualquier tipo de proceso judicial, queda exento de la posibilidad de que le quiten sus bienes”, aclaró.

Por su parte, la Presidenta de la Cámara baja lamentó que algunos sectores del autotransporte, movidos por intereses de la oposición, realizaran un paro en la ciudad de Cochabamba, el cual calificó de “injustificado” porque la ley, en su artículo 70, en su numeral tercero, señala que el Estado respeta y garantiza los derechos adquiridos de buena fe en la acción de pérdida de dominio de bienes.

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