25 Mayo, 2017 | 03:09
Escudo

Comisión de Investigación: Doria Medina debe explicar transferencia de $us 21 millones a fundación privada

Prensa Senado

Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembros de la Comisión Mixta Investigadora del proceso de Privatización y Capitalización, Javier Zavaleta, Romina Pérez y Rubén Medinaceli, aseguraron el miércoles, por separado, que el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, no es un perseguido político, y por el contrario existen indicios de que cometió ilícitos.

“La anterior comisión presentó un informe del trabajo desarrollado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, entiendo en el mes de enero de 2015, parte del informe fueron algunas proposiciones acusatorias, una proposición acusatoria relacionada precisamente con el caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), y otra proposición acusatoria relacionada con la capitalización de ENFE ANDINA. Se informó y las proposiciones acusatorias fueron remitidas a la Fiscalía, ellos han procedido con las investigaciones y decidieron imputar en el caso de FOCAS al jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina y también a Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros”, manifestó el senador Medinaceli.

Por su parte, el diputado Javier Zavaleta (MAS), aseguró que el empresario y líder de UN, Samuel Doria Medina, no es un perseguido político, y por el contrario existen indicios de que cometió ilícitos. "Se lo está acusando por contratos lesivos al Estado, por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por consiguiente no hay ninguna persecución política y Doria Medina debe presentarse ante todos los requerimientos que le haga la Fiscalía", señaló.

De acuerdo a los antecedentes del caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), Bolivia recibió financiamiento de Estados Unidos para este proyecto; pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento en 1992, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (FUNDA-PRO).

Según la denuncia impulsada por la Asamblea Legislativa, el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares de dinero de FOCAS a favor de  FUNDA-PRO, con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.  

Por tal motivo, el líder de Unidad Nacional (UN) fue imputado  por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

 

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